La gran similitud que existe entre los términos “traducción jurídica” y “traducción jurada” puede hacer que estos se confundan. Por ello, vamos a explicar a continuación en qué consiste cada una de ellas y cuáles son los aspectos que las diferencian.
Por un lado, la traducción jurídica o legal se basa en la traducción de documentos del entorno legal, ya sean de carácter público o privado. Los autores de estos documentos suelen ser profesionales del derecho, que como expertos emplean en ellos gran cantidad de términos jurídicos. Algunos ejemplos de estos documentos pueden ser: los poderes notariales, los testamentos, los contratos de cualquier tipo, etc.
Sin embargo, la traducción jurada hace referencia a toda traducción que tenga carácter oficial y validez jurídica. El traductor jurado, que ha sido previamente certificado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), da fe de que la traducción del documento es fiel en contenido y forma al documento original.
¿En qué consiste la labor del traductor jurado?
Es el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) el que concede el título de Traductor jurado. Este profesional se encarga de proporcionar una traducción fiel de textos de distinta índole, para presentarlos ante la Administración pública previamente certificada con el sello y la firma de este. Por tanto, las traducciones que este realiza adquieren un carácter oficial y están destinadas a la Administración pública, en concreto, a la Administración de justicia.
Se puede optar al título de Traductor jurado de tres formas: La primera y más importante es mediante un examen; la segunda es al superar un número concreto de créditos en el grado universitario de Traducción e Interpretación (esta ya ha dejado de ser una opción desde hace unos años); y la última, es por convalidación comunitaria (Unión Europea). Además, un requisito es el de no tener antecedentes penales.
Las competencias más importantes que se contemplan en la figura del traductor jurado son las siguientes:
-capacidad para traducir documentos comerciales tales como: cuentas anuales, certificados, balances, contratos, declaraciones, estatutos, etc.;
-capacidad para traducir textos judiciales, de distinta índole, para su posterior presentación en diferentes tipos de procesos;
-capacidad para traducir dentro del ámbito notarial;
-funciones de perito;
-capacidad para traducir documentos oficiales o administrativos: certificados médicos, académicos, etc.
La actividad del traductor jurado está regulada por las normas principales que El Boletín Oficial del Estado regula la actividad del traductor jurado por medio de una serie de normas, entre las que destacan las siguientes: la traducción fiel de documentos, sin alterar el contenido del original, ya sea al añadir o suprimir información; conservar el formato del documento y ser fiel a los aspectos semánticos y formales.
Todavía no existe una institución que establezca unos principios metodológicos y unos criterios comunes para todos los profesionales del sector. Por ello, algunos autores y asociaciones han decidido establecer unas normas deontológicas y unos criterios de uniformidad estilística útiles para los traductores. Aunque sí es cierto, como hemos dicho anteriormente, que para todas las traducciones juradas es esencial la certificación con la firma y el sello del traductor jurado.
Documentos legales que no precisan traducción jurada
No todos los documentos legales necesitan una certificación oficial. Por esta razón, a la hora de traducir un documento legal es de vital importancia saber a qué tipo de traductor debe dirigirse el cliente. En este sentido, los documentos legales que no requieren una traducción jurada son los que en el país de destino no necesitan una validación.
Por esto, se debe consultar en el organismo oficial de destino si es necesario presentar una traducción jurada de la documentación.
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